Colombia enfrenta una significativa desigualdad de riqueza y, a pesar de no estar entre los países latinoamericanos con mayor desigualdad, la riqueza sigue estando altamente concentrada en el 1% de población, en comparación con el 50% de población más pobre.

Estas desigualdades y la exclusión social limitan el acceso a servicios básicos como la salud y la educación, y la crisis climática agrava aún más la situación de las poblaciones vulnerables.

En la última década los avances en la lucha contra la pobreza y las desigualdades no han sido suficientes para mejorar significativamente las condiciones de vida de las poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad, lo que ha generado desconfianza hacia las instituciones y los líderes políticos. Los gobiernos no han respondido de manera efectiva a las crisis sociales y ambientales, debilitando la democracia y favoreciendo a minorías privilegiadas.

Para abordar estos problemas, se necesita una movilización sin precedentes de recursos públicos dirigidos a las personas en situación de vulnerabilidad para reducir las brechas de desigualdad. Sin embargo, la contracción fiscal exacerbada por la pandemia, junto con los conflictos en Ucrania y Palestina y el aumento de los costos del endeudamiento externo, hacen que el sistema actual de financiamiento público sea insuficiente en el mundo.

La historia de Colombia muestra la dificultad de obtener recursos de forma sostenible y autónoma, acentuando la necesidad de transformar los sistemas fiscales y eliminar privilegios que impiden la justicia fiscal. Por lo que, es crucial que las políticas fiscales se utilicen para reducir desigualdades, fortalecer la democracia y garantizar derechos, implementando medidas tributarias progresivas y reorientando el gasto público hacia servicios esenciales y acción climática. Igualmente, es necesario reformular las reglas fiscales para que el gobierno pueda responder a emergencias y alinear las políticas fiscales con los derechos humanos.

Para Oxfam Colombia, es imprescindible el avance hacia la contribución de políticas sociales y económicas que garanticen los derechos económicos y sociales a las poblaciones más vulnerables mediante alternativas que promuevan la justicia tributaria basadas en la progresividad fiscal para alcanzar objetivos sociales, ambientales, de cuidados y de derechos humanos.

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